05/05/2010
La piratería como preocupación nacional
Por Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores
En este artículo, escrito para El blog de CEDRO, el presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, analiza el Informe Especial 301, elaborado por el Gobierno de Estados Unidos, y en el que sitúa a España entre los países que merecen ser vigilados por no respetar los derechos de autor:
La Oficina para la Defensa de los Intereses Comerciales de Estados Unidos (USTR) ha vuelto a señalar por tercer año consecutivo con el dedo a España como país donde la “piratería” en Internet campa por sus respetos liderando los rankings mundiales.
Según su Informe Especial 301, publicado hace unos días, seguiremos en la lista de vigilancia este año, porque ni la Administración ni la Justicia han hecho un esfuerzo eficaz y contrastable para perseguir y frenar el crecimiento de las descargas ilegales en Internet. Descargas que, en lo que incluye este informe, vulneran los derechos de propiedad intelectual de estadounidenses, pero cuya lacra también afecta de forma muy especial a los creadores e industrias de contenidos en nuestro país.
El documento, presentado por el responsable de la USTR, Ron Kirk, quien, no lo olvidemos, depende directamente del Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, nos recuerda una vez más el importante vacío legal que existe en nuestra normativa.
Este vacío es iniciado por la Fiscalía General del Estado al emitir su Circular 1/2006 por la que recomienda a los fiscales que no formalicen acusación en los procedimientos de presuntas descargas ilegales por entender que son asuntos que deben ser tratados en su mayor parte ante la Jurisdicción Civil.
Lamentablemente, y gracias a una nefasta transposición a nuestro ordenamiento de determinadas directivas europeas, los Jueces de lo Civil no tienen capacidad legal suficiente para solicitar a las operadoras y prestadores de servicios de Internet los datos de carácter personal que se encuentran detrás de las IP y las URL desde las que se vulneran los derechos de propiedad intelectual.
En definitiva, la Fiscalía General despenaliza de facto las descargas ilegales y eso conduce, esta vez sí y de forma nítida, a la vulneración de un derecho fundamental de los propietarios de derechos de propiedad intelectual, como es el de derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación primigenia de acceso a la Jurisdicción.
Además, la mencionada Circular multiplica su efecto negativo al contribuir a la percepción pública de que las descargas ilegales que vulneran derechos de propiedad intelectual son lícitas.
Es evidente que, hasta ahora, el marco legal y regulatorio en España no sólo no ha favorecido una cooperación entre los proveedores de acceso a Internet (ISP) y los propietarios de derechos de propiedad intelectual con el objetivo de reducir la piratería, sino que únicamente ampara a los primeros, permitiéndoles que aumente el tráfico por su redes con contenidos por los que no se paga a sus legítimos dueños. El internauta español, sin embargo, sí paga por conectarse, y casi el doble de la media europea.
¿Qué lleva a un país como Estados Unidos a hacer un esfuerzo tan intenso en la protección de su industria cultural? La respuesta es clara: saben que esa industria es un puntal básico en la identidad, la economía y la influencia internacional de un país desarrollado. ¿No podría el partido que forma nuestro Gobierno, así como el resto de formaciones políticas españolas, aprender sin complejos de esta actitud de defensa de la propia cultura y de la riqueza y empleos que la misma conlleva? Ningún país serio del Mundo Occidental desarrollado puede ni debe estar en esta lista de vigilancia de los Estados Unidos con el descrédito internacional que conlleva.
Parece que nuestro Gobierno comienza a atisbar que la pregunta formulada merece una respuesta y así se recoge en el informe 301, que menciona la creación por el Gobierno español de una comisión interministerial en octubre pasado para estudiar los cambios necesarios en nuestra leyes.
Un debate que se ha traducido en la elaboración de la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible. Una norma que, de ser aprobada, establecerá un marco legal que esperamos sea útil para frenar la constante y masiva vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet existente en España, contribuyendo a reducir el efecto económico tan negativo que dichas prácticas producen a los creadores, a las empresas y al empleo.
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