03/04/2018
Situación del ISBN Iberoamericano
Hoy en día, casi la totalidad de los libros cuentan con el código ISBN, ya que facilita su categorización y clasificación y es de gran utilidad a la hora de su comercialización y distribución.
Con el objetivo de analizar la situación actual del ISBN Iberoamericano, desde CERLALC se ha elaborado recientemente un estudio para disponer de un diagnóstico general de la situación de las distintas agencias iberoamericanas.
La principal conclusión de este informe es que la estructura operativa del ISBN Iberoamericano es bastante distinta entre sí:
- Existe una brecha importante entre las oficinas que tienen a su disposición sistemas tecnológicos que automatizan los procesos de solicitud, pago y admisión, y las que no cuentan con recursos suficientes para esta automatización ni para la digitalización.
- La plantilla es muy diferente en cada agencia, varía desde dos trabajadores hasta 15.
- La financiación de dichas agencias puede venir de dos fuentes: del gobierno de la nación o de agremiaciones privadas sin ánimo de lucro.
El mayor reflejo de la diferencia entre agencias se ve claramente en la horquilla de códigos ISBN asignados, que va desde los 200 de la Agencia nicaragüense en los tres últimos años, a los 85.973 títulos registrados en España solo en 2016. Solo Portugal y España se llevan alrededor del 70 por ciento de los registros de libros del sector privado.
Como concluye el CERLALC en este informe: «hay que alinearse alrededor de unos intereses comunes que permitan adelantar un trabajo para dar respuesta a los nuevos retos de la industria editorial en la era digital».
Los inicios del ISBN en la región
España fue el primer país iberoamericano en tener una agencia nacional del ISBN. La oficina se creó en 1972, seis años después de su apertura en Reino Unido. Al otro lado del Atlántico fue México el primer país en contar con su agencia, en 1975.
Poco a poco se fue extendiendo por toda la región y hoy todos los países de Latinoamérica cuentan con su propia agencia ISBN, ya sea de carácter privado o público.
Los últimos países en adherirse a este sistema fueron Nicaragua (1997), Paraguay (1998) y la República Dominicana (1999).
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