CEDRO comparte con la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento canario medidas que garanticen la sostenibilidad de la cultura escrita

Durante la sesión, intervinieron  Jorge Corrales, director general de CEDRO, y Carmen Cuartero, directora de comunicación de la entidad, quienes destacaron la necesidad de una mayor implicación de la Administración pública en la protección de los derechos de autor a través de medidas como la formación de la población o la promoción de las bibliotecas públicas física y digitales. 

«Desde CEDRO queremos plantear a esta comisión promover un espacio de colaboración con los autores y editores en Canarias. Este sería un paso significativo para fortalecer la cultura escrita y, quizá, una manera idónea de celebrar mañana el Día de las Letras Canarias, recordando el valor de quienes hacen posible nuestra cultura», señaló la directora de comunicación de CEDRO durante su intervención.

El II Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita, elaborado por Qbo Investigación y Estrategia, ha contado con más de 2.600 encuestas y grupos focales y ofrece un análisis sobre la percepción de la cultura escrita por parte de la población y el papel que otorga a las administraciones públicas para garantizar la sostenibilidad de esta.

El estudio revela que la sociedad concede un gran valor a la cultura escrita como vehículo de educación, desarrollo personal y cohesión social, además de reconocer el papel de los escritores, traductores, periodistas y editores como garantes de la calidad y credibilidad de los contenidos editoriales, una percepción respaldada por el 92 % de los encuestados.

Asimismo, el 93,97 % de los encuestados considera que la propiedad intelectual es un motor clave para el desarrollo de la sociedad y el 87,57 % cree que la Administración pública debe asumir un papel activo en su protección. Sin embargo, el 71 % opina que actualmente no se están implementando políticas efectivas para garantizar la protección de los creadores y la remuneración por la reutilización de sus contenidos. El estudio muestra, además, que un alto porcentaje de la población, el 67,5 %, accede a contenidos editoriales a través de canales ilícitos, y un 40 % de ellos desconoce que está consumiendo material pirata.

El informe también esclarece los mecanismos psicológicos y tecnológicos que favorecen esta práctica, identificando la disonancia cognitiva como un factor clave: muchos consumidores son conscientes de que la piratería es una actividad ilícita, pero la justifican con argumentos como el alto precio de los contenidos, la accesibilidad digital o la falta de alternativas legales visibles.

«Necesitamos desmontar la falsa creencia de que la piratería es una cuestión económica: no lo es. Se da en todos los niveles socioeconómicos y, de hecho, los países con mayor PIB registran un mayor consumo ilegal de contenidos. La tecnología ha facilitado el acceso a lo ilícito, pero también debe ser parte de la solución. Es imprescindible que las administraciones adopten medidas efectivas que promuevan el acceso legal y garanticen una retribución justa para quienes crean los contenidos que enriquecen nuestra sociedad», advirtió Jorge Corrales, director general de CEDRO.

Desde la entidad, también destacaron que el desarrollo del pensamiento crítico es un motor clave para el crecimiento económico, ya que impulsa la innovación, la toma de decisiones informadas y la resolución eficiente de problemas.

Inteligencia artificial y derechos de autor

Otro de los temas abordados en el Observatorio es el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la protección de la propiedad intelectual. El informe alerta sobre cómo las herramientas de IA están utilizando contenidos editoriales sin autorización ni compensación económica para sus creadores, lo que vulnera los derechos de autor y compromete el futuro del sector.

«La tecnología no es neutra. Está diseñada con valores que influyen en su impacto, y la Inteligencia Artificial es un claro ejemplo de ello. Hoy, muchas de estas herramientas utilizan contenidos editoriales sin permiso ni compensación para sus creadores, afectando directamente a la sostenibilidad del sector. Además, la IA no es solo código y algoritmos: detrás hay una cadena de extracción de recursos que genera desigualdad y explotación en países en vías de desarrollo. No podemos mirar hacia otro lado mientras los derechos de autores y editores se ven amenazados por un modelo que extrae valor sin retorno. Es imprescindible poner sobre la mesa este debate y garantizar que la tecnología no desplace a quienes hacen posible la cultura escrita», explicó el director general de CEDRO.

El Segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita propone una serie de medidas dirigidas a legisladores y administraciones públicas, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual y garantizar un futuro sostenible para el sector, que también fueron presentadas en el Parlamento de Canarias:

• Impulsar políticas públicas que equiparen la legislación española con la de otros países europeos en materia de propiedad intelectual.
• Fomentar la educación en propiedad intelectual en todos los niveles de enseñanza, para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los derechos de autor.
• Combatir la piratería digital con herramientas tecnológicas que permitan detectar y eliminar el acceso ilegal a contenidos editoriales.
• Garantizar un mercado digital sostenible, donde la remuneración a los creadores sea justa y acorde con la realidad del sector.

CEDRO seguirá trabajando en colaboración con instituciones públicas y privadas para impulsar políticas que garanticen la sostenibilidad del sector editorial y refuercen la protección de los derechos de autor en España.